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El Día Internacional del Trabajo

Tribuna de Toni Ferrer, Secretario Ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales de la CEF-PSOE con motivo de la celebración del Día Internacional de los y las trabajadoras

El Socialista | sábado, 01 de mayo de 2021
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Toni Ferrer, Secretario Ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales de la CEF-PSOE

El Día Internacional del Trabajo fue instituido por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París,1889) como homenaje a los Mártires de Chicago que fueron ejecutados en Estados Unidos. Este horrendo crimen fue un intento desesperado de frenar el potente movimiento huelguístico, que se inició el 1 de mayo de 1886, y que logró conquistar la jornada laboral de 8 horas diarias. Desde entonces el 1 de mayo se celebra a nivel mundial como un día de lucha por los derechos de la clase trabajadora y por la paz, la solidaridad y la democracia de los pueblos.

Las luchas sindicales y políticas del movimiento obrero en la mayoría de países consiguieron importantes conquistas para las personas trabajadoras, en un principio en las condiciones de trabajo, como las mejoras salariales, la limitación de la jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil, leyes que garantizaran la seguridad en las fábricas y el seguro de accidentes de trabajo o la legalización de las organizaciones. Más recientemente con el Estado del bienestar: los servicios públicos, las políticas de igualdad, la seguridad social, las políticas de empleo, el seguro de desempleo, junto con el reconocimiento de los derechos fundamentales de libertad sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva.

Desde el inicio de la pandemia de la covid-19 el Gobierno de España ha levantado "un escudo social", mediante un conjunto de acuerdos del diálogo social con las patronales y los sindicatos, que son una apuesta estratégica para amortiguar los efectos que la crisis está produciendo en las empresas, los trabajadores asalariados y autónomos y preservar el tejido productivo, proteger el empleo y las rentas familiares. Existe una diferencia abismal entre estas políticas del Gobierno Progresista y las políticas neoliberales de austeridad y recortes que aplicó el Gobierno del PP a partir de 2012 durante la crisis financiera internacional, con sus reformas laborales y de pensiones.

Las graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la covid-19 han puesto en evidencia la necesidad de reforzar los servicios públicos y realizar cambios urgentes en la regulación laboral para superar la precariedad laboral y los bajos salarios que sufren la mayoría de las personas trabajadoras de las actividades esenciales. El Gobierno ha trasladado ya a la Unión Europea las 170 reformas que se recogen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre ellas destacan en el ámbito laboral las componentes 21 y 23, que incluyen los cambios en los ámbitos de la formación profesional y las reformas del mercado laboral, y también la 30, que recoge medidas para garantizar el sistema público de pensiones.

Ante los retos del trabajo derivados de la digitalización y descarbonización de la economía, el objetivo es un nuevo modelo económico y social basado en la justicia social, en la igualdad y la solidaridad junto con la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Que persiga el pleno empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, la inserción laboral de jóvenes, de las personas con discapacidad y de los parados de larga duración, con trabajos y salarios dignos. Que desarrolle políticas de redistribución de la renta, garantice el sistema público de pensiones y los servicios públicos con una reforma fiscal suficiente y justa.

El PSOE lucha por recuperar y proteger los derechos de las personas trabajadoras ante las ofensivas neoliberales de las derechas que han desregulado el trabajo y pretenden debilitar a los sindicatos, por eso hemos impulsado en el Parlamento la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que criminalizaba el derecho de huelga. Por ello, las políticas socialistas tienen como objetivos de esta legislatura la derogación de las medidas lesivas de las reformas laborales y de pensiones del PP y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, a través del diálogo social. La defensa del valor del trabajo y el reforzamiento de las alianzas con las organizaciones sindicales de clase y de las instituciones colectivas, son consustanciales a las políticas socialistas.




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