'EL SOCIALISTA', Nº 097 19 de febrero de 2021

La vivienda hace ciudadanos

“La vivienda –explicaba esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- debe dejar de ser un lujo o un motivo de estrés y preocupación”. Conseguirlo es una obligación indelegable de las administraciones públicas porque disponer de vivienda es esencial para adquirir la plena condición de ciudadanos.

'EL SOCIALISTA', Nº 097 19 de febrero de 2021 | sábado,20 de febrero de 2021
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Salvador Illa

Tribuna de José Luis Ábalos Meco, secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Cuando se habla del derecho a la vivienda suele citarse el Artículo 47 de nuestra Constitución, que es el que lo regula expresamente y el que encomienda a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Yo creo que, sin embargo, hay que encuadrarlo en el Artículo 10, que es el que establece que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social.

No hay dignidad sin vivienda. No hay seguridad sin vivienda. Ni libertad, ni igualdad, ni intimidad. Es justamente el acceso a la vivienda en el que nos permite el ejercicio de buena parte de nuestros derechos fundamentales. Es el pilar central del bienestar y la frontera que separa la integración de la marginalidad. Los socialistas defendemos que la vivienda es un derecho clave en democracia porque tiene una función social incuestionable y afecta directamente a nuestro desarrollo personal.

Garantizar viviendas dignas a precios asequibles ha sido un empeño desde que llegamos al Gobierno y ha constituido un eje fundamental de nuestra acción política. Nuestra estrategia se ha centrado en crear un parque público de viviendas para el alquiler social, del que han de beneficiarse los dos colectivos que más dificultades han experimentado para acceder a ellas: los jóvenes y los sectores de ingresos más bajos y, por tanto, más vulnerables.

No es una tarea fácil porque hay mucho que hacer. Pese a que más del 35% de las viviendas construidas entre 1951 y 2015 contaron en su día con algún tipo de protección pública, su adjudicación en propiedad, su descalificación pasado cierto tiempo como vivienda protegida o la enajenación por lotes a fondos privados nos obliga a empezar casi de cero. La desidia y los discutibles negocios de cierta derecha que considera la vivienda exclusivamente como un bien de mercado ignorando su carácter de derecho constitucional son imperdonables.

Todo ello ha determinado la situación en la que nos encontramos. La vivienda social apenas si cubre al 2,5% de los hogares, en comparación con el 15% que pueden exhibir países de nuestro entorno. Respecto a las viviendas principales, el parque de alquiler social representa el 1,5%, a gran distancia del 9% que es el promedio en el conjunto de la Unión Europea.

Si por algo se ha distinguido la derecha en el Gobierno ha sido por hinchar la burbuja inmobiliaria y por recortar dramática y sistemáticamente el presupuesto de vivienda. Su desinterés por las políticas activas, la desprotección consciente de los ciudadanos en la anterior recesión económica y la enajenación irresponsable del ya de por sí exiguo parque público, están detrás de la crisis de vivienda que padecemos. Ni era posible comprar ni tampoco alquilar a precios razonables, lo que devino en un retroceso de los derechos de los inquilinos y en la multiplicación de los desahucios.

Nos hemos propuesto revertir este proceso. Hemos planteado la mayor inversión en vivienda de la historia reciente, 2.250 millones de euros en los Presupuesto Generales del Estado para 2021, que casi quintuplican los 475 millones que lo que el PP nos dejó como herencia. Estamos impulsando la primera Ley de Vivienda de la democracia, que la consagrará no como un deseo sino como un derecho, y acometeremos un ambicioso plan de rehabilitación y regeneración urbana.

Nuestra medida estrella es el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, al que irán destinados 1.000 millones de euros de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Queremos que el parque público ronde las 24.000 viviendas y atienda a quienes, por sus bajos ingresos, más dificultades encuentran para alquilar una vivienda digna.

De ellas, 4.600 serán financiadas por el Plan estatal de la Vivienda, en colaboración con Comunidades y Ayuntamientos; otras 7.600 serán convenidas con entidades locales en Barcelona y su área metropolitana, Sevilla, Canarias y Baleares, donde la escasez de la oferta y la tensión de los precios impide el acceso de muchas personas; y aproximadamente 12.000 serán impulsadas por el Ministerio que dirijo a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), en terrenos públicos con desarrollos urbanísticos con derechos de superficie.

Son actuaciones importantes, pero no suficientes. Por ello, hemos concertado con la Sareb un protocolo -que firmaba el pasado 17 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- destinado a nueva movilización de viviendas que se sumarán a las 5.000 ya cedidas en usufructo -o en vías de ser cedidas- a comunidades autónomas y ayuntamientos para ser arrendadas a personas en acreditada situación de vulnerabilidad. De esta forma, se pondrán a disposición del Estado otras 10.000 viviendas, cuyos gastos de cesión y rehabilitación serán asumidos parcialmente por el MITMA.

Finalmente, el Gobierno ha acordado con las instituciones financieras participantes la prórroga hasta enero de 2022 del llamado Fondo Social Bancario, que ya cuenta con 9.000 inmuebles, propiedad de dichas entidades y destinadas a personas y familias que han perdido su vivienda habitual por impago de su préstamo o como resultado de una dación en pago. El compromiso alcanzado contempla un incremento del 10% de las viviendas disponibles.

“La vivienda –explicaba el presidente del Gobierno- debe dejar de ser un lujo o un motivo de estrés y preocupación”. Conseguirlo es una obligación indelegable de las administraciones públicas porque disponer de vivienda es esencial para adquirir la plena condición de ciudadanos.



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