'EL SOCIALISTA', Nº 097 19 de febrero de 2021

Cumplir lo prometido: Llega al Congreso el listado con las 34.961 inmatriculaciones de la Iglesia Católica que propició Aznar

El Gobierno remite a la Cámara Baja la relación de bienes que ésta le reclamó en 2017 a iniciativa del Grupo Socialista, después de realizar un "prolijo y riguroso trabajo" que hará posible las reclamaciones en caso de conflictos de titularidad por parte de personas físicas o jurídicas

'EL SOCIALISTA', Nº 097 19 de febrero de 2021 | sábado,20 de febrero de 2021
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Consejo de Ministros

En su reunión de este martes el Consejo de Ministros conoció por la vicepresidenta primera, ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, el listado de bienes inmuebles inmatriculados masivamente por la Iglesia Católica en España entre los años 1996 y 2015.

Un listado que incluye el registro de un total de 34.961 bienes, y que, en cumplimiento del acuerdo de 2017, que originó una proposición no de ley del Grupo Socialista, ha sido por fin remitido al Congreso de los Diputados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Carmen Calvo explicó que del total de esos bienes, 20.014 se corresponden con templos de la Iglesia Católica o dependencias complementarias a los mismos, pero que hay 14.947 inmatriculaciones “que no se relacionan con estos usos” y que son “terrenos, solares, viviendas, locales…”.

 

Otro dato importante que ha desvelado la vicepresidenta es que la inmensa mayoría de esos bienes, concretamente 30.335, habían sido registrados en virtud de certificación eclesiástica, esto es, mediante “fe de la autoridad eclesiástica”; algo que fue posible por la polémica modificación de la ley hipotecaria que hizo en 1996 el Gobierno del PP, con Aznar de presidente, y que se mantuvo vigente hasta el año 2015.

Y también que en 4.626 casos la inscripción de los bienes se practicó en base a otro título distinto y “bastante insuficiente también para la demostración de la propiedad”.

Carmen Calvo destacó en su exposición el trabajo “prolijo y riguroso” realizado por la Administración General del Estado, que ha tenido que ponerse para ello en contacto con el conjunto de los registros del territorio, y poder así elaborar el documento que el Congreso de los Diputados pedía.

Con ello, subrayó, “damos cuenta de un mandato del que no hemos querido, ni podemos, hacer caso omiso, sino todo lo contrario”, al tiempo que se “arroja transparencia sobre toda esta situación”, que “forma parte de las relaciones con la propia Iglesia Católica”, y que, “a partir de este momento, es pública”.

De hecho, facilitará la posible reclamación de los bienes por parte de personas físicas o jurídicas, en caso de conflicto sobre su titularidad.



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