El Socialista, Nº 093 23 de enero de 2021

Un paso de gigante para remover obstáculos a la diversidad

Tribuna de Cristina Narbona, Presidenta del PSOE y Vicepresidenta Primera del Senado

El Socialista, Nº 093 23 de enero de 2021
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Mónica Silvana González, Diputada en el Parlamento Europeo y Secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF-PSOE

Tribuna de Mónica Silvana González, secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad de la CEF-PSOE

En el contexto actual de crispación y radicalización, con la presencia de la ultraderecha en las instituciones apoyada por la derecha tradicional, se vuelve más necesario que nunca dotarnos de herramientas jurídicas que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad. Dado que siempre son los más vulnerables los que más sufren la discriminación, se hace imprescindible dotarnos de un marco claro y efectivo en lo jurídico y crear las herramientas administrativas para prevenir y actuar.

Si bien es verdad que en nuestro tiempo cada vez es mayor la diversidad, también es cierto que cada vez son más las personas que se ven en situación de discriminación por su color de piel, etnia, origen, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, por su creencia religiosa, por la situación de sinhogarismo, o simplemente por la edad. Nos debe llevar a una reflexión importante el hecho de que muy pocas de las personas que sufren alguna situación de discriminación se atrevan a denunciar, dadas las trabas y falta de protección. Constituye, por tanto, un deber cívico y político, dar una respuesta legal a esta necesidad.

Cometeríamos un error pensando que esta Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación es una ley de escaso impacto en la sociedad y que solo atiende a minorías. Muy al contrario, es una ley realmente universal, dado que la realidad es que todos los ciudadanos, en algún momento de nuestra vida, sufrimos alguna situación de discriminación. Lo que da una mayor legitimidad o urgencia a esta norma no es si son muchos o pocos los que son objeto de su actuación, sino la toma de conciencia de su transversalidad en el conjunto de la ciudadanía.

De hecho, el objetivo de esta ley es impedir toda forma de discriminación, que conlleva a la exclusión y a la estigmatización en ámbitos como el laboral, el educativo, la deliberación pública, la atención social, el acceso a la justicia, las redes sociales y hasta la inteligencia artificial. Por ello, este proyecto de ley es la consecución de un compromiso y de un objetivo largamente anhelado por los socialistas, que evoca con fuerza el legado de nuestro compañero Pedro Zerolo, cuyo recuerdo nos entronca con lo mejor de nuestro legado de DDHH, ya que fue uno nuestros mayores activistas en defensa de esos derechos.

Para los socialistas, la aprobación de esta Ley supone un compromiso con la igualdad y con el pleno respeto a los Derechos Humanos y garantiza el derecho a la diversidad. Con ello, cumplimos con lo recogido en los últimos programas electorales, en las resoluciones del 39 Congreso y en el Acuerdo de Investidura del Gobierno de Coalición.

Comenzamos pues, la regulación por lo principal, un marco general que incluya a todos los colectivos, ya que estaríamos haciendo un flaco favor si empezáramos por proteger a colectivos en particular, desprotegiendo a otros. Pero, ante todo, constituye un deber que permita construir una sociedad en la que la pluralidad y la convivencia sean sus señas de identidad, en la que el principio general de respeto esté respaldado jurídicamente y los poderes públicos encaminados hacia la prevención.

Esta ley de Igualdad de Trato se convertirá, de aprobarse, en el mínimo común normativo que contenga definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergará sus garantías básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema, como en la protección real y efectiva de las víctimas.

Asimismo, la norma está en coherencia con las directrices que la propia UE ya ha adoptado sobre el desarrollo de los Artículos 1, 10, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan, respectivamente, el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Consecuentemente con las directrices de la UE, la ley crea la Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación, un organismo independiente y unipersonal, que podrá investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación.

"Discriminar no debe salir gratis", decía Pedro Zerolo al impulsar esta ley en el año 2011. 11 años después, los socialistas seguimos junto a los colectivos de la diversidad impulsando su aprobación. Llego la hora de aprobarla sin más dilaciones, millones de personas la esperan, Aseguremos con esta ley el derecho de la diversidad, a ser diferente. En definitiva, removamos un obstáculo más para libertad de cada hombre y cada mujer a desarrollar su proyecto de vida y convivir en igualdad con el resto de los ciudadanos.



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