CONGRESO

El Congreso respalda proteger el derecho de huelga y la ampliación de medidas del escudo social

Andrea Fernández defiende la proposición de ley sobre el artículo 315 del Código Penal que afecta al derecho a la huelga, y Patricia Blanquer el RDL

jueves, 17 de diciembre de 2020 | CONGRESO -
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Andrea Fernández

El Congreso ha respaldado este jueves proteger el derecho de huelga y la ampliación de medidas del escudo social, al dar luz verde a que continúen su tramitación por un lado la Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal, tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, y por otro convalidar el Real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

"Nuestro compromiso con el sindicalismo y con la libertad es absoluto", subrayó la portavoz adjunta de Justicia, Andrea Fernández, defendiendo en tribuna la Proposición de Ley socialista que "pretende solventar los problemas que plantea el artículo 315 del Código Penal relativos al delito agravado de coacciones en el desarrollo de la huelga".

"La derecha al completo esgrime argumentos peregrinos y fundamentados en azuzar y encender, pero sin ningún rigor jurídico ni político", lamentó la diputada socialista en su intervención, rechazando las enmiendas a la totalidad de Vox y PP, para resaltar también que "el derecho a huelga es un derecho fundamental y, por lo tanto, no es razonable que se equipare con una libertad genérica como el derecho a ir a trabajar".

Así, les dijo a los responsables de la ultraderecha que "ponen en duda el rigor jurídico de nuestro Tribunal Constitucional", y consideró "especialmente grave" que "el PP se sume a estas lógicas porque, si rompemos con los espacios comunes que nos hemos dado, ponemos en peligro la democracia". "El marco común de convivencia que representa la Constitución española es fundamental para que podamos entendernos y dentro de este acuerdo se enmarca el derecho a la huelga", defendió.

Además, Fernández resaltó que las enmiendas de la derecha "olvidan también que el derecho penal está regido por el principio de proporcionalidad y de mínima intervención".

RDL con medidas positivas, proporcionadas, imprescindibles e inaplazables

"Todas las medidas incluidas en el RDL son positivas, proporcionadas, imprescindibles e inaplazables", resumió por su parte la portavoz de Hacienda, Patricia Blanquer, que defendió en el pleno la convalidación del Real decreto ley de apoyo a la solvencia empresarial, al sector energético y en materia tributaria. "Un instrumento necesario e inaplazable, que incluye medidas para seguir paliando los efectos de la crisis Covid sobre las empresas, autónomos y familias y que da continuidad a la estrategia de contención, y apoyo iniciada en el mes de marzo por el gobierno de España", dijo.

"De manera competente y responsable, el Gobierno está monitorizando las políticas adoptadas, analizando su impacto y su alcance", explicó Blanquer, "un seguimiento que le está permitiendo, ante nuevos rebrotes de la pandemia, responder, con más recursos y nuevas líneas de actuación, como las incluidas en este real decreto ley".

"Nuevas medidas para continuar facilitando liquidez y flexibilidad, para aliviar de manera notable la carga financiera y así dar tiempo para la recuperación y mantenimiento de las empresas", señaló la portavoz de Hacienda. "El incentivar más a la innovación en las pymes, las medidas de protección a los sectores estratégicos y la adopción de medidas energéticas para continuar luchando contra el cambio climático son, sin duda, positivas y fundamentales", añadió.

Además, subrayó que "con este Real decreto ley el gobierno continúa garantizando la respuesta sanitaria ante la pandemia". "Se ha conseguido aplicar el tipo cero para compras de material de protección por entidades sin ánimo de lucro, que en este real decreto ley se prorroga hasta el 30 de abril de 2021", destacó", y "se rebaja el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables al 4% para favorecer todavía más su disponibilidad, una reducción que, al no estar armonizada y ser contraria a directiva sólo se ha llevado a cabo una vez se han tenido garantías de que tal bajada no suponía sanción comunitaria", reiteró.

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