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EL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Nos encontramos en la segunda ola de contagios de la Covid19, con la promulgación de nuevo del...

10/12/20 | Por Toni Ferrer | https://fundacionsistema.com
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Nos encontramos en la segunda ola de contagios de la Covid19, con la promulgación de nuevo del estado de alarma a nivel estatal y la implantación del toque de queda nocturno, nuevos confinamientos y cierres perimetrales de la población en la mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA), para aumentar la eficacia en la lucha contra el coronavirus. Esta prolongación de la crisis sanitaria y las restricciones impuestas por las autoridades de las CCAA a diferentes actividades productivas están afectado negativamente a la economía, y sobre todo a los medios de vida y trabajo de las personas.

Desde el inicio de la pandemia el Gobierno de Coalición ha puesto en marcha un conjunto de medidas económicas y sociales para proteger la salud, el sistema productivo y el trabajo, destacando en el ámbito laboral los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación extraordinaria por el cese de actividad para el trabajo autónomo. Estas medidas laborales, pactadas en el diálogo social, han beneficiado a más de 6 millones de personas trabajadoras, y a cerca de 1,5 millones de autónomos que por primera vez en una crisis han tenido protección económica ante la paralización de la actividad o por la disminución de sus ingresos.

La prestación extraordinaria por cese de actividad y las exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social (SS) se prevé que alcancen un coste de unos 8.600 millones de euros -en la actualidad suponen unos 7.500-, al finalizar la vigente prórroga de las medidas laborales de apoyo a los autónomos, en enero de 2021. Hasta ahora estas medidas han dado cobertura económica al 46% del total de afiliados del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la SS, mientras que en la Unión Europea la media de cobertura para el trabajo autónomo ha sido de un 39%.

Pese a esta abrumadora evidencia del apoyo y protección que se viene dando al trabajo autónomo desde el inicio de la crisis del coronavirus, los partidos de la derecha y la ultraderecha, acompañados por algunos medios de comunicación, vienen desarrollando una campaña de mentiras y falsedades que niegan esta realidad objetiva, en un intento más de manipular a la población para atacar al Gobierno del PSOE-UP por su gestión frente a los efectos negativos de la pandemia. Mientras, el PP proclama la reducción de los impuestos y la rebaja de las cotizaciones a la SS como su fórmula magistral para salida de todas las crisis.

En la anterior crisis, el Gobierno del PP hizo todo lo contrario respecto de lo que ahora proclama. Así, impuso mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, una subida del IVA, elevándose el tipo general del 18% al 21% y pasando muchos bienes y servicios con tipo reducido al tipo general. Esta subida de los impuestos en plena caída de la demanda obligó a muchos autónomos y pequeñas empresas a no aumentar los precios de sus productos, asumiendo las pérdidas para poder mantener las ventas.

También entonces se subió el IRPF, de manera que el tipo de retención de las actividades profesionales pasó del 15% al 18%, mientras que las cotizaciones a la SS sufrieron un incremento de un 5% para las bases máximas y un 1% para las bases mínimas. Sin duda estas medidas agravaron los problemas económicos que padecían los autónomos en aquellos tiempos. Pese a estos antecedentes, el PP y sus acompañantes claman contra el Gobierno por lo que denominan un nuevo expolio: la subida de las cotizaciones sociales en 2020.

La realidad es que en diciembre de 2018 las organizaciones representativas de los autónomos y el Gobierno acordaron mejorar la protección social de todo el colectivo, extendiendo el cese de actividad o la incapacidad temporal, y para ello se estableció un incremento escalonado de un punto porcentual en las cotizaciones a la SS, repartiendo ese aumento entre 2018 y 2022. En 2020 se ha reafirmado dicho pacto y la subida supone 2,84 euros mensuales más para el 84% de los autónomos, que son los que cotizan sobre bases mínimas. Además, los beneficiarios de las exenciones en las cotizaciones de la SS durante la pandemia no tendrán que abonar atrasos.

A las medidas laborales anteriores se añaden otras, adoptadas desde la primera ola de la pandemia para proteger el trabajo autónomo, como las fiscales, (aplazamiento de la liquidación del IRPF o el IVA); los avales del ICO para apoyar la liquidez y la solvencia de los negocios, a los que se les ha ampliado el periodo de carencia para facilitar su amortización; moratorias hipotecarias o el bono social eléctrico. El Ministerio de Hacienda se ha adelantado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha publicado en el BOE la prórroga, al menos por un año más, de los actuales límites del sistema de tributación por módulos.

En la actualidad las organizaciones representativas de los autónomos y Gobierno están dialogando para establecer nuevas medidas que favorezcan al conjunto de los sectores más perjudicados por la pandemia, como son el turismo, la hostelería, el comercio, el taxi, la cultura y el ocio. Según el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se está estudiando mantener durante todo el primer semestre de 2021 las principales medidas económicas para las empresas y autónomos, los ERTE y la prestación por el cese de actividad de los autónomos. La continuidad de estas medidas estará en función de la situación epidemiológica en la que se encuentre nuestro país, y ambas ayudas se volverán a negociar con las organizaciones empresariales y sindicales y las organizaciones representativas del trabajo autónomo.

Para garantizar la continuidad estas medidas y las nuevas que se requieran es necesario disponer de los PGE de 2021, que ya han conseguido el respaldo de una amplia mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados, y ahora continuarán su tramitación en el Senado. Nunca hasta ahora unos PGE habían obtenido el apoyo de tantas formaciones políticas, lo que demuestra la voluntad de diálogo y la responsabilidad de la mayoría de los partidos políticos -a excepción de las derechas y la ultraderecha -, para elaborar unos PGE de país en un contexto de emergencia sanitaria y de crisis económica por el coronavirus.

El Gobierno de Coalición ha reafirmado su voluntad de diálogo con los grupos parlamentarios que han rechazado estas cuentas, para que hagan sus aportaciones y se sumen al acuerdo durante su tramitación en el Senado. Los PGE de 2021 no tienen precedentes, ponen fin a las políticas de austeridad, y deben convertirse en el motor de la reconstrucción social y económica del país ante el impacto provocado por la pandemia. A su vez, sentarán las bases de la transformación del modelo productivo, al disponer unos 27.000 millones de fondos europeos que permitirán avanzar en la transición energética, industrial y la digitalización.

Las cuentas públicas para 2021 responden a la crisis actual fortaleciendo y blindando el Estado del bienestar, al incluir el mayor gasto social de la historia, con 239.000 millones de euros, y se orientan a impulsar un crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible, basado en la educación, la tecnología y la formación, el refuerzo de los servicios públicos y la inversión en I+D+i para mejorar la creación de empleo, la competitividad y productividad de nuestra economía. Para todo ello es imprescindible avanzar en la cooperación entre todas las Administraciones Publicas (Estado, CCAA y entidades locales). Y de acuerdo con el nivel competencial de cada una de ellas, luchar contra la crisis sanitaria y su efectos económicos y sociales, proteger el tejido productivo y a las personas trabajadoras asalariadas y autónomas, y apoyar a las más vulnerables, para reforzar la igualdad y la cohesión social y territorial.

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