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PACTO PARA GARANTIZAR LAS PENSIONES

Después de diez años sin resultados, el Congreso de los Diputados ha alcanzado un nuevo consenso...

15/11/20 | Por Toni Ferrer | https://fundacionsistema.com
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Después de diez años sin resultados, el Congreso de los Diputados ha alcanzado un nuevo consenso en materia de pensiones. Tras más de cuatro años de trabajos, desacuerdos y acuerdos frustrados, la Mesa y Portavoces del Pacto de Toledo decidió prácticamente por unanimidad aprobar el texto de las Recomendaciones. Este documento recoge las veinte Recomendaciones que serán la base de las negociaciones del Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales para la futura reforma de la Seguridad Social, que debe desmontar la reforma del PP de 2013 y preservar y reforzar financieramente el Sistema Público de Pensiones en el medio y largo plazo.

Los partidos políticos PSOE, PP, UP, Cs y PNV, entre otros, han apoyado las 20 Recomendaciones para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones, con lo que el apoyo ha sido ampliamente mayoritario, salvo la abstención de ERC y BILDU y el voto en contra de la ultraderecha de VOX. En el documento aprobado no se plantean cambios que alteren la naturaleza actual del Sistema Público de Pensiones. Las Recomendaciones son respetuosas con los principios consustanciales de nuestro sistema de pensiones: la contributividad, la universalidad, la solidaridad entre generaciones, la suficiencia y la equidad, principios para los que se plantea la necesidad de su preservación para ésta y también para las futuras reformas.

El Sistema Público de Pensiones constituye una de las políticas públicas con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades, y por ello las fuerzas progresistas siempre han defendido el mantenimiento y la mejora del sistema público, así como la necesidad de su reforma, para garantizar su sostenibilidad y suficiencia, bajo la premisa del diálogo social y el máximo consenso político. Todo lo contrario a la actuación que el Gobierno del PP emprendió en el año 2013 con una reforma unilateral de la Seguridad Social, sin acuerdo con los interlocutores sociales y sin consenso parlamentario.

Aquella reforma de las pensiones, en combinación con la reforma laboral impuesta en 2012 y la consiguiente precarización del mercado laboral, llevó al Sistema Público de las Pensiones a un profundo déficit. La caída de ingresos del sistema, provocada por la reducción de las cotizaciones a consecuencia de los bajos salarios, se mantuvo incluso en la etapa de recuperación económica. Esta situación llevó a cubrir los déficits a costa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que sufrió retiradas masivas de su patrimonio durante los años que gobernó el PP.

A este panorama catastrófico se sumó la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas durante los años que estuvo vigente el índice de revalorización de las pensiones, pues limitaba el crecimiento de las pensiones, incluidas las mínimas, a un 0,25% anual. Para esta medida socialmente regresiva el Gobierno del PP contó con el respaldo de Cs. También hay que recordar la previsión de la reforma de pensiones de 2013 de imponer un factor de sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera recortado la cuantía de las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida.

Entre las veinte Recomendaciones destaca la numero dos, por haber sido la más reclamada por la mayoría de los grupos parlamentarios, y constantemente exigida en todos los procesos de movilizaciones de los sindicatos y asociaciones de pensionistas y jubilados en estos últimos años: que la actualización de las pensiones quede establecida por ley conforme al IPC, derogándose por tanto la actualización del 0,25% anual que impuso la reforma del PP. El Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones ya trabaja en un indicador permanente para la revalorización de las pensiones vinculado a la inflación para llevarlo a la mesa de diálogo social.

Entre las cuestiones que más han ocupado las discusiones sobre cómo garantizar el futuro de las pensiones ha estado la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, trasladando al Estado los denominados “gastos impropios” que se imputan a las pensiones, y que se estiman en unos 23.000 millones de euros. El Gobierno prevé iniciar ese traspaso de gasto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, por valor de 14.000 millones de euros. También se incluye una recomendación del Tribunal de Cuentas para cambiar los préstamos que hace el Tesoro a la Seguridad Social desde hace cuatro años por transferencias, y así no aumentar su deuda.

Además se ha alcanzado un acuerdo, dentro del proceso de diversificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, de desligar de su presupuesto los gastos no contributivos que lleva años asumiendo y que, según muchos expertos, son los principales responsables del déficit que acumula la Seguridad Social. En 2023 los gastos no contributivos de la Seguridad Social se financiarán con impuestos, para acabar así con el déficit del organismo público. En la actualidad el déficit de la Seguridad Social asciende a 45.000 millones de euros, un 4,1% del PIB. El documento prevé que gastos como los 2.953 millones de euros que se destinan a sufragar las prestaciones por nacimientos, los 1.818 millones con los que se incentivan las contrataciones laborales, o los 1.082 millones que se destinan a complementos de maternidad dejarán de depender del presupuesto de la Seguridad Social para ser incluidos en los PGE.

En las Recomendaciones se profundiza, dentro de las reformas paramétricas que se hicieron en el Acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones de 2011, en la necesidad de estimular la prolongación de la vida laboral, con el objetivo de aproximar la edad real a la edad legal u ordinaria de jubilación, y se prevé endurecer el acceso a la jubilación anticipada. A su vez se contempla la necesidad de establecer medidas específicas para las jubilaciones anticipadas forzosas con largas carreras de cotización. Por ello, el Pacto de Toledo insta al Gobierno a estudiar los colectivos que no deberían tener penalizaciones en sus jubilaciones anticipadas o prejubilaciones.

Con respecto a la realidad actual del mercado de trabajo, caracterizada por la precariedad y la expulsión de los trabajadores mayores con carreras laborales discontinuas que originan lagunas en las cotizaciones, las Recomendaciones pretenden corregir esta situación, incluyendo la posibilidad de que las personas trabajadoras puedan elegir los 25 mejores años de su cotización para calcular la pensión, y no los últimos 25, como hasta ahora, muchas veces impactados a la baja por jubilaciones anticipadas forzosas.

En materia de previsión social complementaria el Pacto de Toledo contempla más transparencia para los planes los individuales, pero sobre todo se plantea la apuesta, como en el resto de Europa, por el impulso de los planes de pensiones de empresa. En el documento consensuado se dice: “La Comisión subraya la necesidad de impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, para lo que mantiene la recomendación de dotar de estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria”.

Uno de los puntos que han generado más escollos, y a su vez más convencimiento de su necesidad, es el que se refiere al cambio de la fórmula de las cotizaciones de los trabajadores autónomos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El colectivo lleva años solicitando que se liguen sus aportaciones a los ingresos reales y así lo ha asumido el Gobierno y el Pacto de Toledo, pero este mecanismo deberá ser consensuado y definido en el proceso de diálogo social.

El Pacto de Toledo recoge los objetivos plasmados en el Acuerdo de coalición progresista entre el PSOE y UP, de cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible. El Pacto de Toledo debe desarrollarse en el proceso de negociación efectiva del Gobierno con los interlocutores sociales, en el diálogo social, que permita culminar con una recuperación de la regulación consensuada del sistema de pensiones, pues ese consenso político y social posibilitó obtener los mejores resultados de la Seguridad Social en el periodo comprendido entre 1995 y 2011.

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