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Lealtad con las instituciones

Editorial de El Socialista

Actualidad | sábado, 17 de octubre de 2020
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Salvador Illa durante su intervención

Editorial de El Socialista

El tres de agosto de 2018 el magistrado Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, firmó el acuerdo por el que se dispone el inicio del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde entonces han pasado ya dos años en el que el alto órgano funciona de manera interina por el bloqueo del Partido Popular.

El pasado martes el Grupo Parlamentario Socialista junto a Unidas Podemos presentó la propuesta de Ley orgánica que modifica la Ley 6/ 1985 del Poder Judicial con la que se busca acabar con esta incomprensible situación tanto ahora como en el futuro, y asegurar el correcto funcionamiento del Consejo de acuerdo con el mandato que le entrega la Carta magna. Se quiere evitar que un órgano, como es el del Gobierno de los jueces, vea bloqueada su actividad por la negativa a su renovación por parte de algún grupo parlamentario.

Son cálculos que hacen quienes se llaman constitucionalistas y que lo son, aunque a tiempo parcial y cuando les interesa. Se sirven de las instituciones, que son de todos, para alcanzar sus objetivos particulares. Esta actitud no sólo no responde al interés general, cuya salvaguardia le es propia a la labor del político, sino que dañan las instituciones en un momento crítico en el que nos son tan necesarias.

Esta actitud no es nueva, hagamos memoria. Recordemos que el principal partido de la oposición ha roto en dos ocasiones un acuerdo casi cerrado para la renovación del CGPJ; que el presidente de este organismo se ha puesto en varias ocasiones en contacto con las formaciones políticas de las Cámaras para urgir la renovación; que la Unión Europa la ha solicitado explícitamente y que 187 diputados suscribieron un escrito en el que se insta al desbloqueo.

El Grupo Socialista sabe que España tiene que seguir avanzando, por eso hemos registrado la propuesta de reforma. Con ella, se prevé la posibilidad de constituir el Consejo cuando se hubieran designado por las cámaras los 12 vocales correspondientes al turno judicial, aunque no se hubieran designado los 8 del turno de juristas de reconocido prestigio, manteniéndose en ese caso los vocales del Consejo saliente.

Dado que la forma de designación de los vocales del turno judicial y las mayorías necesarias para ello no se regulan en la Constitución, sino que la Constitución remite a una ley orgánica, se modifica en la LOPJ la mayoría necesaria para dicha designación.

Para facilitar la renovación, una vez cumplido su mandato, se introduce una fórmula similar a la incorporada por el Gobierno del Partido Popular en 2013. Se mantiene la mayoría de 3/5 (mayoría reforzada) pero se establece que, si no se alcanzase esa mayoría en primera votación en alguna de las cámaras, cuarenta y ocho horas después dicha cámara podrá elegir los seis vocales del turno judicial que le corresponden por mayoría absoluta.

Este cambio de mayoría es muy habitual en distintos procedimientos y en todo caso mantiene la exigencia de buscar consensos en parlamentos tan fragmentados como los actuales y obliga a alcanzar acuerdos entre diversas fuerzas políticas.

En segundo lugar, la propuesta de Ley tiene también por objeto establecer el régimen jurídico durante el periodo en que ha cumplido su mandato, pero aún no se ha producido la renovación. No existe previsión alguna que regule la capacidad de actuación del Consejo en estos casos y con esta revisión de la Ley Orgánica se pretende corregir esta laguna.

El Partido Socialista Obrero Español quiere hacer real el compromiso de lealtad a las instituciones que demanda nuestra Constitución, al exigir de nuestros representantes en las cámaras un mínimo de responsabilidad democrática que genere consenso y acuerdo. La lealtad con las instituciones es sinónimo de lealtad al sistema constitucional y, por tanto, a nuestra democracia.


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