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El Congreso convalida los RDL que prorrogan los ERTE, crean el fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros para las CCAA, nuevos avales e impulsan la transición energética

El GPS respalda las medidas del Gobierno "para que nadie se quede atrás" y dar "seguridad y tranquilidad a las empresas y a los trabajadores"

CONGRESO | 15 de julio de 2020
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El Congreso ha convalidado hoy cuatro Reales decretos-leyes

El Congreso ha convalidado hoy cuatro Reales decretos-leyes, con el respaldo del Grupo Socialista, con nuevas medidas y ampliación de las existentes para cumplir la premisa del Gobierno de "que nadie se quede atrás", garantizando un "escudo social" y trabajando para la recuperación económica, impulsando la transición energética como "palanca verde para la reactivación económica"

Prórroga de los ERTE con diálogo social

El pleno ha dado el visto bueno al Real Decreto-ley 24/2020 que contempla el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre y con las asociaciones de autónomos para la exoneración de las cotizaciones sociales hasta esa misma fecha.

"Este RDL tiene como objetivo continuar con las medidas necesarias para la protección del empleo y la recuperación gradual de la actividad económica", medidas "que se han adoptado en paralelo a otras dirigidas a poner las bases hacia una recuperación económica más justa", siguiendo la premisa de "no dejar a nadie atrás y ayudar a los que más lo necesitan", resumió Dolores Narváez, portavoz adjunta de Trabajo. "Medidas tomadas a partir del necesario diálogo social, haciendo partícipes a patronal y sindicatos, siendo conscientes de que sólo estas decisiones compartidas son garantía de eficacia".

"Estamos ante un gobierno que sabe escuchar y que ha actuado con responsabilidad adoptando las medidas conforme ha ido evolucionando la situación provocada por la Covid-19", destacó, convencida de que "esto da seguridad y tranquilidad a las empresas y a los trabajadores". "Así se mantiene el escudo social y la economía de nuestro país" y "se protege también a las empresas y a los autónomos, un colectivo que nos preocupa a todos". "Este gobierno sabe escuchar y se intenta llegar a todos los colectivos de personas trabajadoras", reiteró Narváez.

Nueva línea de avales

El Real Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo recoge un paquete de medidas para acelerar la recuperación económica, entre ellas la aprobación de una nueva línea de avales a través del ICO por valor de 40.000 millones de euros para impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial; la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de 10.000 millones; la aprobación del programa "Renove 2020", dotado con 250 millones de euros; así como medidas de apoyo al sector turístico español.

"Es un RDL para ayudar a los españoles y las españolas que hoy lo pasan mal y esperan de todos nosotros respuestas y soluciones, no bronca y griterío", afirmó el portavoz socialista de Ciencia e Innovación, Javier Alfonso Cendón, que destacó que tiene como objetivo, "estimular la inversión y reforzar la solvencia de las empresas, para mantener y crear empleo", así como impulsar sectores como el de la automoción o el turismo.

"De lo que nosotros hagamos en estos meses decisivos dependerá el futuro de millones de españoles", ha señalado el portavoz, que ha insistido en que para ello "necesitamos dos cosas: una armonización de inversiones y reformas a nivel europeo". "Necesitamos sobre todo, y por encima de todo, unidad y consenso", concluyó.

Fondo de 16.000 millones de euros para las CCAA

El Real Decreto-ley 22/2020 regula la creación del Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las CCAA, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad. Establece un reparto en cuatro tramos: 9000 millones de euros en dos tramos de 6.000 y 3.000, en julio y noviembre, atendiendo a criterios de gasto sanitario; un tercer tramo de 2.000 millones repartidos en septiembre asociados a la educación; y el cuarto tramo de 5.000 en diciembre, entre las CCAA para hacer frente a la menor recaudación por impuestos autonómicos derivados de la caída de la actividad económica.

"Con este Real decreto-ley, todas las CCAA salen beneficiadas al poder disponer de unos recursos con los que no contaban a priori, un fondo que es de todos y para todas las comunidades y ciudades autónomas", subrayó la portavoz socialista de Hacienda, Patricia Blanquer, al trasladar el respaldo del Grupo Socialista a este fondo. "Una respuesta conjunta, porque es fruto de la interlocución del gobierno central con los distintos gobiernos autonómicos", subrayó.

"Nuestra prioridad, la atención a las personas ante la necesidad", dijo al trasladar el repaldo socialista, "convencidos de que es una buena medida, necesaria, transparente, con criterios de reparto objetivos, razonables y razonados", apelando a que "ante situaciones extraordinariamente adversas, y esta lo es, es responsabilidad de todos y todas alcanzar soluciones compartidas, excepcionales y urgentes".

Hacia la transición energética

Además, se convalidó el Real Decreto-ley 23/2020 con una batería de medidas para impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo.

El portavoz socialista de Energía, Germán Renau, defendió la necesidad de afrontar la emergencia climática con inteligencia para "aprovechar la situación como una palanca verde para la reactivación económica de nuestro país". Renau destacó que "este decreto va de establecer los mecanismos para acelerar las inversiones que nos coloquen en la senda de crecimiento sostenible".

"Pone certidumbre, crea una comunidad de energías renovables" y "declara de utilidad pública los puntos de recarga de alta capacidad, ayudando así a eliminar una de las principales barreras que encuentra la adopción del vehículo eléctrico", señaló entre otras medidas. Respecto al empleo de aquellos sectores que tienen que reconvertirse, "debemos responsabilizarnos y ofrecer una alternativa a todas las personas que se ven afectadas por sus cierres. Y para ello, es necesario que los nudos de transición justa reciban un tratamiento específico y diferenciado del resto", concluyó Renau.

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