Por José Sanromá Aldea | lunes, 27 de julio de 2020

No pasar
del estado de alarma
a un estado en alarma

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I. Obligación democrática del Gobierno y de la oposición: Colaborar en aumentar la gobernabilidad frente al covid-19

Por sexta vez el Gobierno va a solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma. Hay que prestarle mucha atención a ese acto. Procede traer a colación sus antecedentes. Los 5 debates anteriores han operado como el alambique que destilaba la esencia de la actitud del Gobierno y de cada partido, ante la cuestión clave que nos planteaba el covid-19 y sus estragos. ¿Sería la democracia española capaz de aumentar su capacidad de gobernar la dramática situación de origen no político?

Tenía que hacerlo desde un Gobierno recién constituido, con indiscutible legitimidad de origen, nacido en difícil parto, con precaria e inestable mayoría parlamentaria y con una oposición feroz en la investidura que hacía problemática la gobernabilidad. El imprescindible estado de alarma que decretó le otorgaba más poder. Pero no bastaba para aumentar su capacidad de gobernar; máxime dada la complejidad de la descomunal tarea, en la que el acierto completo era altamente improbable.

El Gobierno necesitaba también reforzar su legitimidad de ejercicio para que cada fallo, cada deficiencia, no se convirtiera en una impugnación. El "confinamiento", comprendido y aceptado por la inmensa mayoría de la población, era un medio indispensable para reducir el número de víctimas, conllevaba crisis económica y social. Pero confiar en que esa aceptación, de una ciudadanía consciente, bastaba para lograr el plus de legitimidad necesario resultaba ingenuo o aventurado. Necesitaba también la mediación de sus representantes políticos.

El covid-19 era la realidad determinante, sobre ella tenía que pivotar la política, pero no la suspendía, ni suspendía la actuación de cada partido; más bien la aceleraba y los emplazaba a tomar posición ante esa realidad radicalmente nueva y extraordinaria. En consecuencia la dinámica política no podía ni debía ser la misma que llevó a la investidura, sino imponerse a ella, transformándola, haciéndola girar sobre el eje de esa nueva realidad; ¿en qué sentido ? En el de compartir éxitos y fracasos frente al covid-19 y sus estragos por encima de las rayas divisorias de la investidura. Dicho de otro modo, a ese plus de legitimidad de ejercicio, para gobernar la crisis debía y podía contribuir la oposición. Muy especialmente el partido mayoritario, obligado a marcar la tendencia.

Brevísimamente expuesto sucedió esto:

1. La necesidad y posibilidad de lograr mayor gobernabilidad se expresó en la votación de la primera solicitud de prórroga el 24 de marzo: 321 votos a favor, 0 en contra, 28 abstenciones (del nacional independentismo catalán y vasco).

2. En la segunda del 9 de abril, Abascal levantó la bandera de la antidemocrática estrategia de aprovechar la pandemia para derribar al Gobierno, atribuyéndole una gestión "criminal" de la misma. Los 52 votos de Vox y los dos de la independentista CUP fueron para el 'No'.

3. La relación entre el presidente Sánchez y Casado, líder del mayoritario partido de oposición, resultó equívoca. En la antesala de la tercera, el 22 de abril, acordaron la formación de una Comisión en el Congreso. El PP votó por tercera vez el sí a la prórroga, pero Casado hizo, como en las anteriores, un discurso poco concordante con el sentido de su voto. Acuerdo y discurso contribuyeron a la perplejidad general. Aumentada cuando se mostró que esa futura Comisión implicaba ponerle fin al cauce pactista abierto por el propio presidente en la Moncloa. Las conversaciones para conseguir la aprobación de las futuras solicitudes de prórroga se enrarecieron ante la opinión pública, el curso de los eventuales pactos se hizo casi inextricable. Junts pasó de la abstención al 'No', siguiendo a la CUP.

4. La cuarta, el 6 de mayo, y la quinta, el 24 de mayo, fueron precedidas de incertidumbres sobre el resultado de la votación.

Produjeron una decantación de las posiciones políticas. Las más relevantes:

A. El PP pasó en la cuarta a la abstención y en la quinta al 'No'. Casado se deslizaba –empujado por el golpismo mediático y aturdido por sus propias prisas– a convertirse en seguidor de la estrategia voxista de derribar al Gobierno. La irresponsabilidad de su 'No' quedó diluida por la repercusión del desconcertante y documentado pacto firmado por Lastra, Echenique y Aizpurua.

B. Ciudadanos, asentando su posición de apoyo al estado de alarma, cobraba nueva relevancia, al igual que aumentaba la del PNV. Ambos negociaron con el Gobierno. Mostraban su utilidad. En claro contraste con el PP. Uno había votado 'No' a la investidura de Sánchez, los otros a favor. Ambos hacían su contribución a la gobernabilidad frente al covid-19, reforzaban la legitimidad de ejercicio del Gobierno, ejercían su derecho a que se visualizara su contribución. Ambos, sobre todo Cs, recibieron estopa del golpismo mediático.

C. Todos los votos del independentismo catalán fueron al 'No' (excepto una abstención de ERC), pues en la cuarta este partido pasó de la abstención al 'No', siguiendo el paso dado anteriormente por Junts. Confluyendo con los del PP y Vox daban una suma total de 162, más de los 155 de la coalición de Gobierno. Importancia redoblada de todos los demás.

II. La continuación de dos grandes estrategias en lucha después del estado de alarma

El Gobierno negocia en pos de garantizarse, previamente, una votación favorable ante la sexta solicitud de prórroga. Probablemente lo consiga. También se informa de que –para el caso de no lograr ese objetivo– el Gobierno ha preparado medidas legislativas que operen, de inmediato, como paliativas del error de no prolongar el estado de alarma.

Sentado lo anterior me planteo, como ciudadano que apoya al Gobierno, esta cuestión: ¿Ha de solicitar la prórroga aunque no tenga previamente garantía de obtenerla? Mi respuesta se inclina por el 'Sí'. Creo que la ciudadanía (y muy especialmente todo el personal sanitario) tiene derecho a conocer las razones por las que se pone fin al estado de alarma, a pesar de que el Gobierno lo sigue considerando instrumento cuasi imprescindible para reducir al máximo posible la capacidad mortífera y desorganizadora del virus.

El medio más democrático para ejercer ese derecho a saber es la celebración del debate y la votación en el Congreso. La dimensión deliberativa en una democracia representativa es importantísima y se está degradando cada vez más. Esta es ocasión clave para ponerla en valor. En absoluto es una moción de censura ni una cuestión de confianza encubiertas a conveniencia del Gobierno o de quien quiere acabar con él.

Será un episodio relevante de la lucha entre las dos grandes estrategias. Se ha desplegado durante el estado de alarma y lo seguirá haciendo cuando este, quince días antes o después, acabe. No ha de resultar en balde, para la apreciación ciudadana, la actitud del Gobierno y de cada partido durante este periodo tan dramático.Y la forma en que termine tampoco. Cuando eso ocurra, previsible y desgraciadamente, el conflicto entre esas dos grandes estrategias se intensificará. Porque el Gobierno probablemente no habrá conseguido reforzar la gobernabilidad con un mayor grado de acuerdos. Si bien seguirá habiendo ocasiones.

El PP como mayoritario partido de la oposición habrá contraído una grave responsabilidad política. Su líder Casado se confinó, desde el principio, en el palacio de una vanidad irresponsable. En lugar de marcar la tendencia a seguir por la oposición, ha convertido a su partido en seguidor de la estrategia voxista. Quizás crea que chupando rueda de Vox, y aprovechando los traspiés del Gobierno, acelera el tiempo para llegar a la presidencia del Gobierno. Lo cierto es que todavía no ha dado el paso de enarbolar el "¡Váyanse!" de Abascal. Por eso no hay que facilitárselo. Hay que intentar sacarle o darle una buena salida de ese cómodo confinamiento en el que se ha instalado. Probable y lamentablemente no encontrará la ocasión en el próximo, y quizá último, debate sobre la prórroga del estado de alarma. Pero ahí mismo, a la vuelta, ya le aguarda la Comisión parlamentaria de reconstrucción, que acordó, por su propia iniciativa, con el presidente Sánchez. Una Comisión que ya se ha sumido en la escandalera, en palabras de su presidente Patxi López. Por supuesto que tanto el presidente Sánchez como Casado tienen que esforzarse para que el fruto de la misma no sea un paso más en la escalada de la tensión, sino en la desescalada de una confrontación que debilita a la democracia española y perjudica la superación de la crisis económica y social.

Si fracasa, el Gobierno tendría que seguir intentando pactar la gobernabilidad de la realidad española postcovid, con la firme convicción de que ni el tiempo ni la realidad política anterior al covid volverá. Lo haría cargado con el crédito de haber frenado el mortífero virus y haber adoptado medidas de protección para los millones de personas que quedaron a la intemperie. Por supuesto compartiéndolo con los partidos que han apoyado –y en cuanto lo han hecho– esas decisiones. Cargará también con el hándicap de no haber avanzado durante este tiempo en la gobernabilidad en la alta medida requerida por la extrema dificultad de la crisis sanitaria, económica y social, entrelazadas de inmediato.

Si fracasa la Comisión el PP no lo tendría más fácil. Quedaría emplazado a plantear la moción de censura, única vía legítima que le cabe para intentar poner fin al Gobierno de Sánchez. No parece que al señor Casado le entusiasme la idea. Quizás porque mostraría su enorme debilidad como alternativa de Gobierno, la que tanto y tan vanidosamente ha alabado, durante todo este tiempo y tan a destiempo. Pero no hacerlo sería desnudar su posición como mero seguidor de Vox y colaborador activo en crear un clima tan sofocante que pueda hacer abortar la legislatura.

Si fracasa es que triunfan un tiempo de ruidos y un tiempo de silencios. Al mismo tiempo.

* José Sanroma Aldea es abogado y formó parte del equipo de expertos designados por el PSOE para elaborar la propuesta de reforma de la Constitución.

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