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El Congreso da luz verde a la tramitación del proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo enmarca dentro una "fiscalidad justa, moderna, progresiva, sin privilegios y que respete el interés general".

ACTUALIDAD | 11 de junio de 2020
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María Jesús Montero durante su intervención

El Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde a que continúe la tramitación del proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras -aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero-, rechazando las enmiendas a la totalidad planteadas por los partidos de la derecha.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido el proyecto en el debate de la Cámara Baja, explicó que "el objetivo fundamental de este impuesto es contribuir a la consolidación de las finanzas públicas y reforzar el principio de equidad tributaria, habida cuenta de que estas operaciones no se someten ahora a impuesto alguno". Es decir, "existía un vacío legal en este tipo de figuras porque la fiscalidad tradicional no estaba adaptada a estas operaciones". Por tanto, es "imprescindible que contemos con un sistema fiscal que se adapte a las nuevas realidades de la economía", y de ahí que "el proyecto de ley intenta dar un paso adelante en esa dirección"

Señaló que el impuesto sobre las Transacciones Financieras, al igual que el que se debatió la semana pasada sobre determinados servicios digitales, "no es un invento del Gobierno español, ni una excentricidad, sino que llevamos años trabajando en el entorno europeo por encontrar la unanimidad necesaria", para que este impuesto "sea común, homogéneo, en todos los países miembro y tenga su referencia en la propuesta de directiva que ya lanzó la Comisión Europea en septiembre de 2011".

Una propuesta que "busca una justa contribución del sector financiero a este saneamiento presupuestario de los estados miembro, que compense también el papel en la crisis económica y el coste de los rescates que se sufragaron por los contribuyentes y que ascendieron a un importe próximo a los 4,6 billones de euros en el contexto europeo".

Para la ministra "no es razonable" esperar como pide parte de la oposición a que haya un acuerdo global europeo, cuando nuestro país tiene una proporción de ingresos públicos en relación al PIB más de siete puntos inferior a la media de la eurozona, como tampoco lo han hecho países como Francia, Italia, Bélgica, Finlandia, Rumanía, Polonia o Grecia, entre otros.

Y respondió a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox asegurando que incluyen "un profundo, peligroso e irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario". Sus argumentos finales –dijo- "no coindicen desde luego con los principios de este Gobierno, para el que todos tienen que contribuir según la capacidad económica al sostenimiento del conjunto de los gastos públicos". "Nosotros defendemos una fiscalidad justa, moderna, progresiva, sin privilegios y que respete el interés general de la nación española y no solo el interés de unos pocos".

Estimación de ingresos: 850 millones de euros anuales

Este impuesto defiende un gravamen del 0,2% en las operaciones de compra de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes de estas operaciones, y siempre que sean empresas cuya valoración de capital bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros. No afecta a las pymes, ni al mercado primario, ni a las empresas que salen a bolsa por primera vez, o las operaciones dentro de un mismo grupo, y el que tiene que pagar el impuesto es el intermediario financiero y no los clientes habituales de bancos ni los ahorradores.

Respecto a la estimación de ingresos del nuevo impuesto, Montero la cifró en 850 millones de euros anuales, e insistió en que no solo se trata de una herramienta recaudatoria, sino que es además un instrumento orientado a disuadir movimientos especulativos en los mercados financieros.

Montero ha concluido afirmando que "los impuestos no son un castigo sino una garantía de seguridad para que en nuestro país podamos hablar de clases medias. Sin esa fiscalidad no podríamos hablar de una clase media que disfruta de unos buenos servicios públicos, del sostén de seguridad de los trabajadores. Sin fiscalidad, en el 'sálvese quien pueda', habrá de todo menos códigos éticos que permitan que la sociedad se pueda articular.

Por eso, "dejemos a un lado los discursos populistas y abundemos en esa pedagogía fiscal y construyamos entre todos un sistema justo y progresivo que nutra de los recursos suficientes a un Estado de bienestar, que es la verdadera garantía que la política le puede ofrecer al conjunto de las personas", concluyó.

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