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El Gobierno aprueba el decreto para la nueva normalidad y la ley integral de protección a la infancia frente a la violencia

Asegura que, aunque "tengamos un mejor control de la enfermedad", el Covid-19 "sigue siendo una amenaza" y cada uno debemos actuar con "cautela, prudencia y responsabilidad".

ACTUALIDAD | 09 de junio de 2020
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Imagen de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Gobierno ha aprobado este martes, en su primer Consejo de Ministros presencial, tras tres meses de reuniones virtuales, el real decreto-ley para la denominada nueva normalidad, así como el anteproyecto de ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha referido al estado de la crisis sanitaria destacando "la normalidad con la que España está avanzando en el proceso de desescalada", y el corto recorrido que nos resta para entrar en la denominada nueva normalidad, que "queremos transitar de forma segura y con todas las precauciones posibles".De ahí que subrayara los mensajes de "cautela y prudencia" que viene trasladando el Gobierno, pues "aunque ahora tengamos un mejor control de la enfermedad y estemos mejor preparados como país, el virus sigue siendo una amenaza para nuestra seguridad".

Montero ha insistido en que "el papel de cada uno de nosotros es clave" y, concretamente, la responsabilidad con nosotros mismos y con las personas que queremos, por lo que "no podemos bajar la guardia ni actuar de manera ligera, pensando que ya todo ha pasado y estamos a salvo". "Hasta que no tengamos una vacuna o tratamiento eficaz contra el virus, debemos seguir manteniendo las precauciones" que, una vez decaiga el estado de alarman, marcará el real decreto-ley de nueva normalidad aprobado hoy por el Gobierno.

Protección a los menores

Respecto al anteproyecto de ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, Montero destacó que "es un imperativo social y moral que protejamos a los más débiles frente a los abusos, la violencia, el maltrato o la explotación", al tiempo que ha recordado que responde a "un compromiso prioritario del Gobierno de coalición". Dentro de este marco de protección se ha referido también a la partida de 2.000 millones de euros del Fondo Covid de 16.000 millones para las comunidades autónomas, cuya finalidad será el robustecimiento del sistema educativo y de la igualdad de oportunidades dentro del mismo.

Para informar más extensamente del contenido de este anteproyecto de ley ha tomado la palabra el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, quien ha comenzado dando las gracias "a todas las ONGs, los activistas y los que han puesto su granito de arena" para la elaboración de esta norma "fundamental para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país".

Destacó que la ley, que sitúa a nuestro país "al nivel de los estándares internacionales más altos" en esta materia, se ha desarrollado a lo largo de gobiernos de distinto signo político, por lo que "nos vamos a esforzar mucho en el trámite parlamentario para que sea una ley de amplio consenso".

Explicó que la norma "busca establecer un nuevo paradigma de protección común en todo el territorio frente a la violación de los derechos del niño, poniendo como prioridad fundamental la prevención". Entre otras medidas, la ley establece el deber de cualquier ciudadano de comunicar a las autoridades de manera inmediata cualquier indicio de este tipo de violencia; también garantiza el acceso universal de estos menores a servicios sanitarios de tratamiento y rehabilitación. Además se establece una nueva figura, la del coordinador/ra de bienestar y protección en los centros escolares y de actividades deportivas o de ocio, con protocolos de actuación frente a indicios de acoso, ciberacoso, violencia de género o cualquier otro tipo de violencia.

Medidas vigentes tras el estado de alarma

Finalmente, tomó la palabra el ministro Sanidad, Salvador Illa, para detallar el contenido del real decreto-ley de Medidas Urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, que recoge aquellas medidas que estaban vigentes en el estado de alarma y que deben seguir en vigencia "hasta que derrotemos definitivamente al virus que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva".

En la norma se establecen una serie de medidas de prevención e higiene entre las que el ministro destaca "el uso obligatorio de mascarilla siempre que no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros. Se contemplan toda una serie de medidas que ya estaban vigentes en materia de prevención e higiene en centros de trabajo, en centros docentes, hospitales, establecimientos sanitarios, en hoteles, en establecimientos comerciales, y en otros sectores de actividad siempre tomando como referencia el aseguramiento de una distancia interpersonal".

También se contempla la "obligatoriedad por parte de los operadores de transporte, con asiento preasignado, de mantener los registros de los pasajeros con el correspondiente asiento con un mínimo de cuatro semanas para poder garantizar la trazabilidad en el caso de que se produjera algún caso positivo".

En cuanto a medicamentos y productos sanitarios se faculta a la Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios para "recabar información de los fabricantes sobre aquellas producciones que tienen previstas para garantizar la disponibilidad de aquellos medicamentos o productos sanitarios que sean necesarios y eventualmente de organizar la prioridad de fabricación" y también se faculta a esta agencia con carácter excepcional de capacidad de otorgar "licencias previas de funcionamiento de instalaciones para garantizar para garantizar la fabricación en el territorio de productos sanitarios y medicamentos".

El ministro ha hecho especial hincapié en los mecanismos de detección precoz y vigilancia epidemiológica. En el texto se ratifica que el Covid-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y se da "continuidad a las obligaciones de recogida, tratamiento y emisión de información por parte de todos los operadores sanitarios y también de las comunidades Autónomas" y también se pone énfasis en el "hecho de que se tienen que realizar pruebas diagnósticas por PCR u otra técnica de diagnóstico similar tan pronto como sea posible en aquellos casos que se detecten precozmente".

También establece el decreto que "los centros de residencias de mayores deben estar coordinados con los centros de los recursos sanitarios de su Comunidad Autónoma, de su territorio en el que se ubiquen y deben tener preparados planes de contingencias frente a eventuales rebrotes de Covid" y establece que en dos actividades deportivas muy concretas, la liga de fútbol profesional y la liga ACB, en cuanto a las "medidas correspondientes a las medidas de prevención que tienen que adoptar la decisión va a recaer en el Consejo Superior de Deportes previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, con las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad."

Por último, recoge una serie de medidas para garantizar la capacidad del Sistema Sanitario en la eventualidad de que se produjera un rebrote que "especifica los recursos en materia de profesionales sanitarios y también en materia de disponibilidad de camas que hay que tener preparados en los planes de contingencia en un periodo breve de tiempo".

Ley de derechos de emisión efecto invernadero

Durante la comparecencia en Moncloa, la ministra portavoz informó asimismo de la aprobación y remisión a las Cortes, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Una propuesta que adapta la normativa actual a los nuevos objetivos de reducción de emisiones marcados por la UE y que se concretan en que un 40% de las emisiones debe bajar en 2030 con respecto a los valores del año 90.

Destacó los grandes avances en la lucha contra el cambio climático que está impulsado este Gobierno con medidas como la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular y el anteproyecto de ley de Residuos, y aseguró que "España no va perder el tren de la revolución verde y lo ve como una oportunidad para fortalecer nuestro tejido productivo".

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