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   jueves, 25 de abril de 2019

Por Iris Bustos Martín | UNA LEY EDUCATIVA SOCIALISTA PARA TODOS.

UNA LEY EDUCATIVA SOCIALISTA PARA TODOS.


Nunca una ley educativa había unido EN CONTRA  a tantos partidos políticos y a toda la comunidad educativa en su conjunto: la LOMCE, o también llamada Ley Wert, aludiendo a su impenitente impulsor, había conseguido una hazaña jamás lograda en democracia: el desacuerdo generalizado y la oposición en bloque de todos los grupos representados en el Congreso, a excepción del Partido Popular, por supuesto,  que ignoró deliberadamente a la comunidad educativa y al resto de los grupos, utilizando su particular sistema del “rodillo” tan practicado durante su mayoría absoluta, para aprobarla en la sede parlamentaria.

Una ley funesta, nefasta e injusta que nació con fecha de caducidad inminente: en cuanto el PP perdiera su mayoría absoluta, el resto de partidos trabajarían incansablemente para derogarla y crear una Ley Educativa que contara con un mayor consenso. O eso pensábamos.

Durante las negociaciones por  el ansiado Pacto por la Educación quedó de manifiesto la falta de compromiso y coherencia del resto de los partidos conservadores que en un principio se opusieron radicalmente a la LOMCE, generando serias dificultades en la elaboración de un proyecto común, contradiciendo muchas de sus protestas iniciales al polémico documento del Partido Popular e impidiendo la creación de una ley educativa eficaz y progresista que reemplazara de una vez por todas la retrógrada Ley Wert.
Es por ello que el PSOE no podía dejar pasar más tiempo dejando que la peor ley educativa de la historia de nuestro país se mantuviera vigente, así que, a pesar de no tener una mayoría en el Congreso, conseguimos elaborar un Proyecto de Ley , en base a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),  impulsada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, cuyo objetivo irrenunciable era el  de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo; es decir, una educación basada en la combinación de los principios de calidad y equidad, por supuesto, actualizados a la realidad de 2019 y siguiendo los objetivos propuestos por la Unión Europea y la UNESCO para la década de 2020/2030.

Así pues, la finalidad de esta Ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población española, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos. Esos y no otros son sus objetivos centrales.

En este Proyecto, no implantado aun por falta de tiempo ante la convocatoria de elecciones para el 28 de abril de 2019, se contemplan una serie de disposiciones adicionales, finales y transitorias dentro de un artículo único donde se incluye  el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, recogiendo novedades que afectan al currículo, dándose  una nueva redacción a su definición, sus elementos básicos y la distribución de competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, garantizando una educación inclusiva y acorde con las competencias básicas, que valore además la diversidad en todas las etapas incidiendo en la atención individualizada y en la prevención de las dificultades de aprendizaje.

También se asegura una formación común, garantizandola homologación de los títulos, se encomienda al Gobierno la fijación de los objetivos,se recupera la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas añadiendo un área de Educación en valores cívicos y éticos en todas las etapas, en la cual se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad entre hombres y mujeres.

La Formación Profesional, tan escasamente potenciada en leyes anteriores, es también objeto de varias revisiones, regulando el contenido y la organización de la oferta de estas enseñanzas, que corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias y con la colaboración de las corporaciones locales y de los agentes sociales y económicos, atendiendo a las necesidades de la sociedad actual.

La Ley incluye también algunas precisiones acerca de las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, sobre la atención especial que lasAdministraciones educativas deben prestar a la escuela rural y sobre  la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros educativos a través del consejo escolar.

Ha sido todo un esfuerzo titánico en tiempo, personal y medios del equipo del Ministerio de Educación, contando con colaboraciones de los distintos integrantes de la comunidad educativa, que han contribuido de manera inestimable  en la elaboración de este documento que esperemos pueda salir adelante después de ganar las elecciones el PSOE el próximo 28 de abril.


IRIS BUSTOS MARTÍN
Miembro del grupo de trabajo de Educación de la Agrupación Socialista de Chamberí



PROYECTO DE LEY
121/000048 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.


UNA LEY EDUCATIVA SOCIALISTA PARA TODOS     

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